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Ministerio de Energía busca fomentar la introducción de tecnologías de mayor eficiencia en el mercado vehicular, para lo que incluso se contempla “un futuro proyecto de ley”.

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En Chile circulan apenas 179 vehículos eléctricos, pero las proyecciones del Ministerio de Energía apuntan a que alcancen hacia el año 2050 el 40% del parque de automóviles del país.

Para fomentar la introducción de tecnologías de mayor eficiencia energética en el mercado, la autoridad lanzó un proceso de consulta pública, en la que se recibieron 33 observaciones y comentarios por parte de representantes del sector público y privado, de la sociedad civil y de la academia. Con estas propuestas en la mano, el ministerio liderado por Andrés Rebolledo analiza distintas alternativas normativas, lo que incluso podría llegar a un proyecto de ley.

1 Incentivos transitorios para el despliegue de la electromovilidad.

Fue el área que más opiniones recibió la consulta pública debido al impacto que éste proporciona. Se planteó que más que incentivos económicos, es importante considerar una regulación a largo plazo que permita compensar correctamente los beneficios de un auto eléctrico, especialmente de su batería.

En el documento, la autoridad señaló que se contempla analizar beneficios como el uso de vías exclusivas o compartidas con el transporte público, como se hace en Noruega.

Se planteó crear incentivos claros para iniciativas de conversión de vehículos convencionales a eléctricos, dando impulso a la innovación local, facilitando la homologación de estos vehículos y rebajando aranceles aduaneros para la importación de elementos necesarios.

2 Regulación y estandarización.

Se propuso establecer estándares que comprendan los segmentos de vehículos de usos particular, transporte público y vehículos para la industria, como también certificación y homologación de cargadores.

En el documento elaborado por la autoridad se señaló que antes de establecer estándares de eficiencia energética vehicular, se deben establecer los técnicos y de seguridad para la incorporación de los vehículos en Chile.

Según precisó la autoridad, algunas de las materias sugeridas requieren nuevas facultades para los organismos públicos que implementarán esta estrategia, “lo que es materia de un futuro proyecto de ley”, dijo, sin entregar mayores detalles.

3 Desarrollo de información al mercado.

Como parte del proceso de consulta del ministerio, también se planteó promover la carga residencial nocturna, por lo que también se tiene que dar a conocer cómo se puede realizar la carga desde la propia casa, pensando en vehículos particulares y/o taxis colectivos, dada la diversidad de tipos de cargadores.

Dentro de las propuestas, se mencionó la realización de mapas con los puntos de carga disponibles a nivel nacional, indicando tipo de cargador, conector, potencia, tiempo aproximado de carga, entre otros indicadores.

4 Formación de capital humano.

Los comentarios se basaron principalmente en la importancia de involucrar a las universidades técnicas e institutos, para generar asignaturas y a futuro especialidades relacionadas en la materia de la electromovilidad, ampliando la malla curricular a las tecnologías asociadas.

Se cree importante incluir en colegios industriales y universidades cursos de vehículos eléctricos livianos, ya que los de mayor envergadura son lo mismo pero con más electrónica. De esta manera, se dijo, el concepto será más fácil de entender y se tendrá un conocimiento previo a reparaciones o adaptaciones de vehículos convencionales a eléctricos.

5 Difusión de tecnologías vehiculares eficientes.

Una de las mayores inquietudes fue la definición de la forma de pago de la recarga eléctrica y la tarificación. Según el documento, hoy la gran mayoría de los puntos de carga son gratuitos, pero en la medida que aumente el parque vehicular de autos eléctricos, cada empresa que dispone de cargadores comenzará a cobrar de acuerdo a sus criterios, lo que podría transformarse en una barrera para el usuario, ante la diversidad de opciones, formas y precios.

Esto, se planteó, debe tratarse en mesas de trabajo público-privadas.

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Fuente: Diario Financiero
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