Desde el Gobierno esperan culminar hacia fines de año un anteproyecto de ley que modifique este negocio. También se analiza abrir el mercado de servicios de valor agregado para los hogares.
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A su fase final se aproxima el anteproyecto de ley que busca reformar el mercado de la distribución eléctrica, negocio en el que participan Enel Distribución -anteriormente conocido como Chilectra-, CGE y Saesa, entre otros.
Y es que según explican desde la Comisión Nacional de Energía (CNE), durante la semana pasada se realizó la última reunión ampliada con miras a reformar el negocio de la distribución, hito que sucede al cierre del proceso de diagnóstico en abril pasado, y en el que participaron unas 300 personas.
La última reunión ampliada tuvo un cariz diferente, ya que desde el propio Gobierno dieron a conocer sus conclusiones, entre las que está la definición de un nuevo modelo de negocios para el segmento de la distribución.
“Hoy hay un modelo de negocio donde una compañía distribuidora lleva energía entre dos puntos; una compañía de fierros, no maneja la red o no va a buscar al cliente. Lo que estamos haciendo es un modelo de negocio distinto, identificando cuáles son las distintas unidades de negocios, y que pueden tener una relación distinta que permita construir un sistema con mayor calidad, más eficiente y que dé servicios de valor agregado, con nueva tarificación”, comentó el secretario ejecutivo de la entidad, Andrés Romero.
Si bien se desconoce el diseño concreto del sistema propuesto, desde el Gobierno apuntan a reformarlo en base a tres segmentos: clientes, compañías distribuidoras y terceros.
Respecto del segundo, la nueva normativa apuntaría a genera los incentivos necesarios para que las distribuidoras inviertan de “manera inteligente”, con el fin de evitar las obras de gran envergadura y de esta manera reducir los costos.
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“Hoy están todos los incentivos puestos para que la compañía invierta en líneas y subestaciones porque eso aumenta el presupuesto y eso tiene un 10% de rendimiento asegurado por la ley. Eso es un problema porque hay maneras mucho más eficientes de ampliar la red que hoy no se están aprovechando”, comenta Romero. Uno de los ejemplos que toman desde la CNE es el caso de Nueva York, donde se logró reemplazar una inversión de US$2.000 millones por una subestación por 200 mil casas con generación distribuida y almacenamiento. La inversión de esta solución alternativa fue de US$200 millones y se logró diferir inversión por unos ocho años.
A esto se suma una modificación en el proceso de tarificación con miras a reducir las divergencias en el sector, ya que no aseguran rentas justas para todas las empresas, ni tarifas justas para los consumidores. “El proceso tarifario es un mal proceso, no es panelable, hay una multiplicación de los estudio dos tercios-un tercio; realmente un proceso tarifario de otra época”.
Finalmente, el último lineamiento apunta a abrir el mercado de los servicios de valor agregado para los hogares, de manera de introducir elementos para la gestión de la demanda, almacenamiento y generación distribuida residencial masiva.
“El actual marco no permite ningún espacio para que otros actores puedan entrar a competir por entregar servicios energéticos a la familias chilenas. No estamos hablando de que alguien venga a competir por la electricidad, porque esta se compra por licitaciones, sino que no está el marco regulatorio permitiendo que otros actores puedan acceder a la información que genera la red y pueda ir a tu casa a proveer el servicio”, dijo.
Tras el hito de la propuesta de un nuevo plan de negocio, en el Gobierno se abocarán ahora a la discusión específica de los lineamientos planeados, de manera que a fin de año se entregue un proyecto que modifique la ley general de servicios eléctricos en este segmento.
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. Fuente: Pulso www.chileenergias.cl
